Protección social universal para los niños

El 12 de junio se celebrará el Día mundial contra el trabajo infantil bajo el lema ’Protección social universal para poner fin al trabajo infantil.’ En esta oportunidad, la OIT junto con sus mandantes y socios harán un llamamiento para que se invierta más en los sistemas y planes de protección social, a fin de establecer pisos de protección social sólidos y proteger a los niños contra el trabajo infantil.

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El 12 de junio se celebrará el Día mundial contra el trabajo infantil bajo el lema ’Protección social universal para poner fin al trabajo infantil.’ En esta oportunidad, la OIT junto con sus mandantes y socios harán un llamamiento para que se invierta más en los sistemas y planes de protección social, a fin de establecer pisos de protección social sólidos y proteger a los niños contra el trabajo infantil.


La protección social es tanto un derecho humano como una potente herramienta política para evitar que las familias recurran al trabajo infantil en tiempos de crisis. Sin embargo, en 2020 y antes de la crisis de COVID-19, únicamente el 46,9 por ciento de la población mundial se beneficiaba de forma efectiva de al menos una prestación de protección social. En el caso de los niños, la cobertura es aún más baja. Casi tres cuartas partes de los niños, 1.500 millones, carecen de protección social.
Para más información sobre la protección social y el trabajo infantil, véase el informe: El papel de la protección social en la eliminación del trabajo infantil:examen de los datos empíricos y las implicaciones en materia de políticas .

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2022 se celebrará poco después de la 5a. Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil . Garantizar el acceso universal a la protección social es una parte integral del ’Llamamiento a la Acción de Durban’ adoptado durante la Conferencia, y es esencial para ayudar a construir el camino hacia un mundo libre de trabajo infantil, como se pide en la Meta 8.7 de los ODS, así como hacia la protección social universal, como se establece en la Meta 1.3 de esos objetivo.

PANDILLA DE MORENISTAS DESPOJAN A ANCIANOS DE SU VIVIENDA

Arturo Fernández Tovanche ha presentado todas las pruebas que junto con su esposa lo acreditan como legal y auténtico propietario del inmueble ubicado en la Avenida Central 242 de la Colonia Prohogar en esta capital, de la que fue echado mediante la violencia y amenazas de muerte por el dirigente de una presunta organización social ligado a René Bejarano y los partidos PRD y ahora Morena, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no actúa porque Gabriel Mayorga presume tener la protección de los funcionarios de esa dependencia encargada de procurar justicia.

’Ya demostramos que somos los legítimos propietarios. ¿Qué más debemos hacer para que nos devuelvan nuestra propiedad?’, dijo esta mañana en rueda de prensa el afectado, quien ya quiere regresar a la casa donde vivían porque él como su esposa, que se encuentra postrada por una grave enfermedad, se han pasado ya seis años viviendo en un asilo y algunos días con su hijo fuera de la ciudad.

El hombre de 85 años de edad, quien reitera ’sólo queremos que nos hagan justicia’, fue junto con su esposa Lourdes Hernández Bernal a visitar a su hijo y cuando volvieron a su hogar el 16 de abril de 2016, ya no pudieron entrar porque estaba tomado por el Bloque Urbano Popular que lidera Mayorga, debido a que uno de los inquilinos que tenían los señores para allegarse de recursos por su edad avanzada y ya sin condiciones para trabajar, le dio entrada a la organización dirigida por Mayorga.

’El 17 de abril de 2016, aproximadamente a las 16:00 horas, al llegar mi señor padre a su domicilio (…) vio que se encontraba una manta con varios logotipos, entre ellos uno del Gobierno de la Ciudad de México: ‘CDMX, 190 años? Que dice: ‘Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular’ en el que también indica que el señor Gabriel Mayorga es coordinador nacional’, expresa la denuncia de hechos realizada por Arturo Fernández Hernández, hijo de la pareja despojada.

Tras cinco años desde que se inició la carpeta de investigación CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017 en febrero de 2017, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), no ha podido dar una resolución al asunto y ayer 6 de junio, por enésima ocasión dejaron en la indefensión a Fernández Tovache y su esposa los funcionarios Carlos Alfredo Frausto Martínez, director General de Derechos Humanos de la FGJCDMX y Luis Gerardo Fuentes Muñiz, director de enlace C de la misma DGDH, además de Sergio Miranda Martínez, asesor del secretario particular de la fiscal Ernestina Godoy, quienes no asistieron a la reunión que tendrían con el fiscal especializado Fausto Amador.

Fernández Tovache afirmó que a lo largo del proceso, miembros del Movimiento Urbano Popular, como Gabriel Mayorga, la dirigente en la zona de Azcapotzalco, Arlette Rangel Barragán y otros de sus miembros los han amenazado y dicho que nunca van a volver al lugar porque ya pertenece a esa organización.

’Son unos invasores. Nosotros tuvimos que demostrar que somos dueños, que estas personas cometieron el delito. Todo eso está realmente comprobado en las carpetas (de investigación), todo se ha investigado y los funcionarios de aquí me han dicho que ya está todo, que ya no más está listo, que para que se haga justicia, pero no se hace’, exclamó el anciano de 85 años, quien agregó que ’¿cómo es posible que a unos delincuentes los estén apoyando en contra de unos viejos como nosotros que estamos, además, enfermos’.

El abogado Jorge Cruz Elizalde, advirtió que probablemente exista un halo de protección desde la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dirige Ernestina Godoy para el grupo afín a los intereses partidistas del partido que hoy gobierna la capital del país, ya que la agente del Ministerio Público que lleva el caso le había solicitado candados para realizar el pasado martes 31 de mayo el aseguramiento del bien inmueble despojado, pero horas antes de llevar a cabo la diligencia, fue notificado que no se llevaría a cabo…

MÉXICO CARECE DE UN PLAN PARA APROVECHAR EL LITIO: ACADÉMICA DE LA UAM

La nacionalización del litio garantiza el control del Estado en un recurso que ha cobrado gran relevancia más por la especulación que por su utilidad real, si bien mantener estructuras rígidas como las de antaño dificultaba el aprovechamiento para el país, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

No obstante, la expresión de utilidad pública contenida en la reforma a la Ley Minera aprobada recientemente ha sido muy criticada por académicos y activistas especialistas en el tema porque consideran que está por encima de las personas que viven, tienen siembra o ganado y que pueden ser despojados del suelo sólo porque es considerado de beneficio común.

Durante su participación en el programa UAM, Responsabilidad Social, que se transmite por UAM Radio, 94.1 FM, la coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables reconoció que esta reforma busca garantizar que los nuevos hallazgos de este mineral pasen al Estado, aunque no hay un plan de manejo y aprovechamiento que dé un valor real para el país.

En ese sentido, ’lo ideal sería establecer un plan de trabajo para el aprovechamiento conjunto con otras naciones o con empresas que tengan experiencia en el tema’, agregó.

Lo positivo de esto ’es que existió la capacidad de reformar la Ley Minera y hay fortalecimiento institucional para regular nuestros propios recursos, pero lo negativo es la prevaleciente rigidez normativa que no considera las limitaciones técnicas y económicas nacionales’, reconoció.

Además, ’se mantienen vicios como la utilidad pública, prevalece falta de claridad en los marcos de trabajo y hay sobreestimación de la relevancia que tiene este recurso’.

Todo ello obedece a que en la Cámara de Diputados no se le dio la discusión, no se hizo mucha reflexión y ahora, ’si bien podemos darnos cuenta de que sí hay capacidad para modificar la ley, aunque se han rechazado propuestas presentadas por agrupaciones y los legisladores no nos han querido escuchar, pero con esta reforma existe la posibilidad de ejercer mayor presión’, aseveró.

La también investigadora del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco platicó acerca del libro Minería en México: panorama social, ambiental y económico, que coordinó junto con el doctor Isidro Téllez Ramírez y en la que participan egresados de maestría y doctorado y varios colegas de la Casa abierta al tiempo.

’El primer capítulo del texto –El litio en México, verdades y mentiras– analiza la situación del mineral en nuestro país, las posibles actividades extractivas, así como los esfuerzos legislativos antes de la reforma a la Ley Minera. Es una especie de historia de lo que ha pasado, así como los riesgos, la capacidad legislativa y los problemas sociales y ambientales’.