¿Que falta?

Una colorada (vale más que cien descoloridas)
Las doctrinas económicas y socio-políticas van, vienen, se dictaminan obsoletas o actualizan. Son materia prima de escritores y analistas sobre todo cuando se trata de explicar lo que ocurre en un mundo, donde la desigualdad se aminora a costa de la restricción de la libertad, los avances científicos y tecnológicos sorprenden a unos pocos e idiotizan a los muchos y el hambre o la pobreza siguen siendo un factor para enaltecer egos, sodomizar infantes y explotar al menos favorecido.
Los millones de discursos vertidos acerca de los derechos laborales, podrían envolver al planeta, sin que por ello los trabajadores temporales mexicanos[1] en USA tengan la seguridad de la tutela y protección prioritaria en cualquier sistema jurídico según afirmó Thomas Perez, secretario del Trabajo de Estados Unidos. Tampoco es mucho lo que la OIT o las autoridades de naciones ex soviéticas, puedan hacer, cuando la producción agrícola de países considerados por Rusia “no amigos” es regresada como medida de sanción política al territorio que originalmente la exportó. Nos faltaría espacio para enunciar ejemplos de trabajo –mal pagado de origen y luego devaluado por acciones de presión comercial- carente de valor en un sistema regido por el mercado, que obliga a buen número de personas en la tierra a no recoger cosechas, tirar la leche o regalar las verduras por reglas promotoras de la “misericordia con los pobres” por un lado y por el otro asignando valor cero a su trabajo.
Pero el tema de la indefensión de los trabajadores va más allá del ámbito agropecuario. En materia financiera por ejemplo, los bancos han excluido a sus trabajadores de las mínimas canonjías plasmadas en constituciones y diversos documentos de los organismos internacionales. El banco mexicano con importante participación de City Bank, informó entre el 2013 y el 2014 a sus empelados de nivel gerencial que de no demostrar una puntuación superior a 80 en una valoración tramposa, dejarían de ser contratados por dicha empresa y pasarían a sistema de Out sourcing. Con ello fueron afectados miles de mexicanos con más de 27 años de servicio –que empezaron como cajeros, asistentes en la puerta de la sucursal etc.- a los cuales de un plumazo se les despareció su antigüedad, su derecho a servicios médicos y sobre todo el acceso a alguna jubilación. ¿En la lista de casi 150 patrones multados por la STPS, en México hay alguna empresa bancaria? ¿Dónde quedaron los fondos sindicales de cuando esta gente era cajero y decidió afiliarse? ¿Será por esto que los bancos internacionales tienen a México como un nicho de ganancia superior a cualquier otro en el mundo? ¿Sabía que este robo laboral ha alcanzado incluso a personal de su dirección jurídica e incluso del corporativo?
Hay la sospecha, que los acuerdos anunciados por un subsecretario de materia laboral con los jornaleros de baja California tiene mas fundamento en el interés de frenar la inmigración hacia el norte que en la intención de hacer justicia laboral.
Casi fueron simultáneos los anuncios del interés de “estrechar lazos de colaboración entre los dos países en materia laboral” que la oferta de hacer junto con el gobierno de Baja California, el apoyo del IMSS y la SAGARPA un sistema de pagos equivalente luego de considerar en 19 empresas: número de hectáreas, de trabajadores, tipo de subsidio, carácter o no de exportadores etc. Todo ello envuelto en la promesa de crear más empleos.
Empleos anhelados lo mismo en Canadá que en Chile, puestos de trabajo negados a profesionistas mayores de 50 años o a obreros desplazados por robots, igual en las minas de cobre de la zona mapuche que en las de oro o plata de Sonora y otros territorios mexicanos.
Para lo adalides del comercio global, la economía de mercado y todas la ofertas de bonanza del banco mundial, el FMI y todos los acuerdos, tratados y consensos basados en este capitalismo depredador del estado nación, el aumento casi geométrico de la miseria, el desmantelamiento de la sanidad, la privatización de la educación y otros tantas postulados inherentes en beneficio de las empresas transnacionales parecen no causarles preocupación. Vender -coches, joyas, propiedades- hipotecar o endeudarse es parte del plan de enriquecimiento de los pocos que han acumulado capital. Para quien tenga la capacidad, el valor o la simple conciencia de que no hay otro camino que la protesta, los gerentes públicos –presidentes, gobernadores, legisladores e incluso jueces- deben cumplir con la cuota de represión de marchas, mítines, leyes o sentencias injustas e inconformidades de todo tipo. En el SAT mexicano por ejemplo se reconocen 20 mil amparos de contribuyentes que se consideran afectados por las reformas fiscales. Los abogados que defienden estos temas no son parte de la burocracia, sino despachos contratados a cuyos abogados tampoco le son reconocidos sus derechos laborales.
El discurso publicitario dice que toda reforma fiscal es impugnable, pero en la realidad, Usted sigue recibiendo notificaciones para “cumplir obligaciones” de un propietario que le vendió su casa hace 40 años; instancias como las juntas de asistencia privada, se apropian del trabajo de grupos altruistas por haber cambiado de domicilio y cualquier otro pretexto que les permita simular derechos. Lo único que no importa es la población o el ciudadano común considerado desechable por su condición de edad, disidente, enfermo o cualquier otro -inclusive el éxito y el ejercicio de una idea o programa- que no convenga a los intereses de unos pocos a los que simplemente les peguntamos ¿Qué les falta? ¿Para que tanta ambición si a final del día partirán por el mismo camino que todos aquellos a quienes han envidiado, perseguido, difamado o explotado?
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[1] Amparados con visas de trabajo H2A y H2B, según se desprende de diversos acuerdos binacionales, específicamente en California y ahora supuestamente en todo lo concerniente al ámbito federal en Los Estados Unidos