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Enero 05, 2020 13:41 hrs.

Gregorio Almazán Hernández › diarioalmomento.com

Gobierno Nacional › México Ciudad de México


En el marco del informe del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a casi siete años de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, realiza el proceso de reingeniería institucional de este instrumento con un enfoque integral, que responda a las necesidades de las personas afectadas.

La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinación Ejecutiva Nacional, coordinadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, tienen registradas a mil 86 personas adscritas al mecanismo, de las cuales 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371 mujeres, 350 hombres); y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).

Cabe señalar que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se han atendido 452 casos, de los que 183 fueron adscritos al Mecanismo, lo que representó un incremento del 66 por ciento respecto al año anterior que constó de 110 casos; el resto fueron atendidos a través de distintas instituciones, y otras personas manifestaron su deseo de no ser incorporadas.

En ese sentido, 2019 es el año con más casos atendidos y con más personas protegidas a través de dicho instrumento.

Para la Secretaría de Gobernación es fundamental coordinar acciones que generen un ambiente propicio y una cultura de reconocimiento hacia las personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo y la libertad de expresión.

Por ello, se ha mejorado la estrategia de monitoreo de casos de agresiones y se trabaja en la generación de datos estadísticos que serán publicados, junto con mapas de riesgo.

Las personas que colaboran en el mecanismo trabajan para sumar esfuerzos con los tres poderes de gobierno en sus distintos niveles, sociedad civil, sector empresarial, entre otros actores, con el fin de impulsar acciones concretas y frenar la violencia contra las y los defensores y periodistas.

Además, buscan fortalecer la prevención, adoptar medidas de protección cada vez más adecuadas y eficaces, así como promover la diligencia en la investigación, acceso a la justicia y reparación del daño.


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