Reflexiones preelectorales 2023

"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie": Montesquieu
A la meta de concluir sus megaproyectos antes de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sumado el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y ha evidenciado, lo que muchos advirtieron, su ambición de consumar una elección de Estado en el 2024, para continuar en el poder y para ello está usando todos los recursos presidenciales y un factor fáctico determinante: el Ejército.
A 10 días de las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila, el próximo 4 de junio, el presidente burla la ley y arrecia su narrativa electoral a favor de Morena, quiere que la gente lo vea como víctima de la oposición e ignore denuncias públicas contra el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval –viajes familiares onerosos con costo al erario y compra de un lujoso departamento a un proveedor de Sedena, a menos de la tercera parte de su costo–, quien al respecto sólo ha dado una breve explicación no concluyente.
Si esas denuncias periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no fueran suficientes para estar obligado el gobierno a rendir cuentas al pueblo de México de presuntos actos de corrupción, a pregunta expresa en su conferencia mañanera, el mandatario minimiza los indicios de que existe espionaje militar con los equipos Pegasus no sólo contra luchadores sociales, periodistas críticos, opositores, lo cual ya es contrario a los derechos humanos; más grave aún, también se espía a los funcionarios de su gobierno, quizá al mismo presidente.
Así, el jefe del Ejecutivo admitió que el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas fue espiado, esto ocurrió cuando presidía la Comisión de la Verdad e investigaba el caso Ayotzinapa, luego de encontrar que hubo involucramiento de miembros del Ejército en la desaparición de los 43. Por cierto, de esa lista de indiciados, poco a poco recortada, ya pocos se acuerdan.
Trajo a colación el tema del New York Times. Los hackeos de los teléfonos de Encinas y su equipo fueron confirmados por Citizen Lab, eso hizo que el funcionario se quejara con su jefe, según admitió AMLO, pero lo extraño, quien se pronunció en contra del espionaje antes de asumir el poder, en lugar de exigir una explicación a quienes operan el Centro de Inteligencia Militar, banalizó el tema, dijo que le pidió a Encinas no darle importancia.
¿De qué se trata? ¿Acaso, teme exigirle cuentas al Ejército?
Como otras polémicas acciones del gobierno de la 4T, el presidente exacerba su confrontación contra la SCJN, quiere dejar al tribunal como villano, asegura que "quieren impedir nuestras obras", y sataniza a los ministros para atraer la condena de sus partidarios, y la acusa de que siempre ha estado alejada del pueblo y cercana al poder.
En uso de sus atribuciones, el máximo tribunal constitucional hace cumplir la ley, lo cual en medio de tanta presión es muy loable.
Por eso echó para atrás un decreto presidencial emitido en 2021, mediante el cual establecía que ninguna autoridad podría suspender sus obras y declaraba como "asunto de seguridad nacional" la información sobre estas. El INAI presentó un recurso de queja, mismo que fue dictaminado por la Corte en contra de la reserva.
Fiel a su estilo de no respetar el estado de derecho, López Obrador, el mismo día 22 de mayo, en que la SCJN emitió el decreto en contra de esta reserva, publicó en el Diario Oficial otro decreto presidencial en el mismo sentido para resguardar la información de sus proyectos del Canal Interoceánico y los aeropuertos de Cozumel, Tulum y Palenque. Es lógico que la SCJN vuelva a pronunciarse en contra de este.
Pero de insistir el mandatario en pasar encima de la ley, esto podría ser indicativo de que el presidente incurra en desacato, y esto daría paso a una historia sin fin no deseable, ya que el desacato sería calificado por las dos terceras partes del Congreso de la Unión.
Ya varios abogados y analistas han demostrado que existen pruebas de que AMLO siempre que ha podido ha violado la ley, eso ocurrió cuando llegó a la jefatura de Gobierno de la CDMX, y hábilmente usó un juicio de desafuero en su contra para hacerse la víctima e incumplir con los años de residencia en la capital del país, así y con una supuesta negociación a presidencial, pudo contender y ganar el gobierno capitalino.
Sin duda, de haberse dado un gobierno apegado a la ley, el de López Obrador pudo haber sido oportunidad para mejorar el desempeño de instituciones perfectibles, como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la administración pública en general, las dedicadas a impartir justicia o a la prestación de servicios de salud, etcétera.
Hoy, el enemigo público número uno de AMLO es la SCJN, por cumplir con su atribución de defender el estado de derecho constitucional, aunque según él está en contra de su gobierno "quiere frenar sus obras", "Ya la perdimos", clama iracundo, para impactar a su masa electoral, luego de que la mayoría de los ministros echara para atrás el Plan B o el decreto sobre considerar de seguridad nacional sus obras prioritarias.
Desde hace un mes se ha asentado a la entrada del edificio sede de la Corte, ubicado la esquina sureste de la Plaza de la Constitución, con el consentimiento de los gobiernos federal y local, un grupo de manifestantes que colocaron mantas con ofensas y diatribas, las mismas que profieren al paso de los ministros, especialmente hirientes contra la ministra presidenta.
Han llegado a disfrazarse y montar performances, escenificando marchas fúnebres cargando féretros, comandados, por... No lo va a creer: un gobernador, el de Veracruz, con el aplauso del AMLO. La realidad es que todos hemos sido testigos de la campaña de desprestigio contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta historia se inició desde que AMLO gobernó la ciudad de México.
Durante su mandato presidencial, los ministros han estado sujetos a fuertes presiones, descalificaciones, ofensas, imprecaciones, diatribas, de quien considera que el pueblo debe elegir mediante elección directa a sus ministros y jueces, y cree profundamente que el pueblo es él.
Afirma López Obrador que los ministros ganan demasiado, más que el presidente de la República, y usa para comparar la diferencia los 120 mil pesos mensuales de salario bruto que recibe según SEFUPU, omitiendo sumar las prestaciones que suben sus percepciones a 405 mil pesos mensuales, según cálculo hecho por Latinus.
Se imagina qué será de nuestro país si consentimos mantenernos bajo el yugo de quienes transgreden la Constitución para imponer la ley personalísima de AMLO, y se logra que el árbitro electoral (el INE) esté sometido; la Corte sea anulada como poder límite del Ejecutivo; el INAI siga inactivo para no cumplir con transparentar el uso de recursos públicos.
Visualice si nos conviene mantener a los organismos autónomos inactivos por capricho del Ejecutivo; sin poder cumplir con su cometido de vigilar y regular la participación de particulares en la economía o las finanzas, a fin de acabar con la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de concesiones o permisos por parte de los gobernantes corruptos.
La política disruptiva, de un líder popular mesiánico, sin plan ni estrategia de reconstrucción, con un propósito de militarizar a rajatabla, nos ha hecho retroceder en índices de seguridad pública y social, transparencia, democratización y combate a la corrupción. Sólo ha ganado con incrementar en más de cuatro millones la población en estado de pobreza.
Quien quede como presidente, si se cumpliera la voluntad de AMLO, será una de sus corcholatas y deberá hacerse cargo de concluir sus obras icónicas, aunque él por los planes que enuncia se visualiza tras el trono. Sólo de esa forma podrá contar con total impunidad ante los abusos de poder, dispendio y corrupción con los recursos públicos en que ha incurrido presuntamente su gobierno.
Así podrá salir sin castigo ante las violaciones constitucionales cometidas durante su administración. Además de impune ante las sospechas de alianzas inconfesables con la delincuencia organizada, con altos costos por la violencia e inseguridad, muerte y destrucción; y la negentropía a causa de la ineptitud por parte de los servidores públicos elegidos para cargos por su lealtad u obediencia, lo que ha llevado al país a un estado de desorden e involución administrativa.
Las elecciones libres y justas son nuestra única opción ciudadana para elegir qué tipo de gobierno queremos.
Los gobiernos del Estado de México y de Coahuila son oportunidad de salir a votar por quien nos garantice respeto a la ley y no busque chantajearnos con quitarnos la pensión al adulto mayor o becas a estudiantes, las cuales no son graciosa concesión de ningún partido, ni de algún caudillo, sino son derechos establecidos por ley que se sufragan con los impuestos de todos.
No está fácil, nadie parece idóneo, pero al menos partamos de que contra advertencia no hay engaño, recordemos que, si decidimos votar por Morena en el Estado de México, ya la maestra Delfina Gómez en el pasado descontó 10% a los empleados del municipio de Texcoco para apoyar a su movimiento, ahora ¿cuánto más querrán para las elecciones presidenciales?