¡Se derrumba el reinado de los emperadores morenistas de Chimalhuacán Xóchitl Flores y Miguel Benito Pérez señalados como presuntos protectores de despojadores de tierras!

Chimalhuacán, Mex. - 23 de octubre. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo este miércoles a varios servidores públicos del Ayuntamiento de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, tras un cateo realizado en un predio que presuntamente intentaban invadir utilizando el nombre del gobierno municipal para justificar sus acciones.
Entre los implicados se encuentra personal del área de Catastro, bajo el mando presuntamente de David Villanueva N, y exjefe del Departamento de Vía Pública. Villanueva ha sido señalado previamente por presuntas actividades ilícitas, incluyendo abusos de autoridad y despojo de bienes, hechos que fueron exhibidos públicamente en el programa de televisión ’A Quien Corresponda’, conducido por Jorge Garralda. En esa ocasión, él y su equipo fueron acusados de ordenar el retiro arbitrario de vehículos en un mercado local.
De acuerdo con fuentes cercanas al Ayuntamiento, Villanueva Martínez fue protegido durante meses por órdenes de Miguel Benito Pérez, esposo de la alcaldesa Xóchitl Flores y señalado como operador político del gobierno municipal. Ahora, enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con invasiones de terrenos y presunto uso indebido de recursos públicos.
La situación toma un matiz político relevante, ya que David Villanueva N es señalado como candidato a la presidencia del seccional 1244 de Morena, proceso interno que se realizaría el próximo 26 de octubre. Su detención ha generado preocupación y tensiones al interior del partido en Chimalhuacán, que podría verse afectado por este escándalo.
Además, trascendió que Salvador Hernández Torres, director de Seguridad Pública municipal, acudió personalmente al Ministerio Público para intentar liberar al detenido, lo que ha levantado cuestionamientos sobre posibles intervenciones indebidas y protección institucional.
Este hecho se suma a una serie de señalamientos públicos contra la actual administración municipal, acusada por habitantes y organizaciones sociales de permitir y encubrir invasiones de predios, así como de actuar fuera del marco legal.