Sin freno el robo de gas L.P. en varios municipios del Edomex denuncia: AMEXGAS

Edomex.-Siete son los municipios mexiquenses, todos ubicados en el Valle de México, donde grupos de hampones han encontrado un terreno libre para robar sin freno, y con total impunidad, el gas LP de los ductos de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas).
Esta actividad delictiva ha tenido un crecimiento extraordinariamente considerable, debido a que en 2018, al inicio del actual sexenio, solo se tenía registro de 222 tomas clandestinas a nivel nacional, y hasta el primer semestre de este año, la cifra se disparó a 3 mil 848.
Por robo de gas LP hay pérdidas de 22 mil mdp en este año
El robo de gas LP, a través de boquetes hechos por la delincuencia organizada en los ramales de Petróleos Mexicanos, se presenta en varios estados, principalmente en el centro del país, donde los criminales hacen de las suyas con total impunidad.
Las entidades donde se tienen detectadas tomas clandestinas, conforme a la información que posee la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), cuyo presidente ejecutivo es Carlos Serrano Farrera, son: Estado de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo.
En el territorio mexiquense los municipios donde los grupos delincuenciales sustraen de manera ilícita el combustible y ejercen un control absoluto son: Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Nextlalpan, Tonanitla, Polotitlán, Papalotla, Coyotepec y Chiautla.
En conjunto, estos municipios del Valle de México acumulan más del 10% de las tomas clandestinas de gas LP a nivel nacional, y hasta el primer semestre de 2023, el número de ’pinchazos’ en los ductos de Petróleos Mexicanos sumaban 224 en las localidades del Estado de México.
En 2018, la cifra de ’cirugías’ hechas por la delincuencia organizada para robar este combustible era de 222; en 2019 subió a mil 315; en 2020 se fueron a 2 mil 71; en 2021 aumentaron a 2 mil 402; en 2022 crecieron a 2 mil 503, y en el primer semestre de 2023 el número se disparó a 3 mil 848, lo que representa un incremento del 1,633%.
La información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, revela que en Veracruz se tienen contabilizadas 939 tomas clandestinas; en Puebla, 469; en el Estado de México, 224; en Tlaxcala, 194; en Oaxaca, 36, y en Hidalgo, 11.
Los datos advierten que en el sexenio pasado, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, el cual comenzó el 1 de diciembre de 2012 y terminó el 30 de noviembre de 2018, el número de tomas clandestinas pasó de 71 a 222, lo que representó un aumento de 212%
Sin embargo, durante la pasada administración federal, el robo en gasolinas y diésel tuvo importantes incrementos, pues en 2012 se contabilizaron mil 635 tomas clandestinas de hidrocarburos; en 2013 hubo 2 mil 612; en 2014, tres mil 635; en 2015, cinco mil 252; en 2016, seis mil 873; en 2017, diez mil 363, y en 2018, 14 mil 956, lo que se traduce en un aumento del 814%.
Tras la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, el robo de hidrocarburos, que no de gas LP, comenzó a descender, pues de las 14 mil 956 tomas clandestinas detectadas en 2018, éstas bajaron a 13 mil 53 en 2019, y en 2020 cayeron a 9 mil 132, que fue el periodo donde se llevó a cabo un programa de combate contra el huachicol de gasolinas y diésel.
A diferencia de los hidrocarburos el gas LP no ha tenido operativos para evitar su robo.
¿Por qué subió el robo de Gas LP?
Para el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), Carlos Serrano Farrera, entre otras razones, el incremento en el número de tomas clandestinas de este combustible tiene que ver en la falta de operativos y acciones de combate a grupos criminales.
El representante de este sector dijo que ’en febrero de 2019 hubo una campaña muy exitosa, fue muy cuestionada porque causó problemas de abasto de gasolinas, pero fue efectiva en su resultado’.
Agregó que ’se puso un proyecto muy enfocado a eliminar el robo de gasolinas, compraron pipas --en lugar del ducto usaron pipas en ciertos tramos-- y pusieron vigilancia y se fueron a atacar las gasolineras que estaban vendiendo combustible robado, las cerraron y les pusieron unas multotas y pusieron en orden’.
Afirmó que todo ese trabajo no se hizo ni se ha hecho en torno al robo de gas LP. ’No ha habido ningún operativo en gas LP, sólo en gasolina y diésel. Las bandas (de delincuentes) dijeron aquí es más difícil y allá es más fácil. Eso fue lo que pasó. En gas LP no se ha llevado a cabo un programa tan efectivo como en gasolina’.
Y agregó: ’fue efectivo, dio un resultado (el programa para proteger los hidrocarburos), pero en gas LP no se hizo ni eso ni nada más, y entonces ahorita tenemos los números que tenemos, con el robo de 50 o 60 mil toneladas mensuales, cifra que alcanza para abastecer un país como Ecuador’.
Dijo que en promedio las pérdidas económicas por esta cantidad de combustible robado ascienden a 15 mil millones de pesos. Mencionó que los grandes problemas que ha habido en el país no suman esas cantidades, por lo que en un cálculo moderado en lo que va del sexenio los daños son de 75 mil millones de pesos, pero con toda seguridad la cifra será mayor al final del sexenio.
Consumo de 700 mil toneladas al mes
De acuerdo con Carlos Serrano Farrera se realizan más de 100 millones de servicios (suministro del combustible) al día, y el consumo de gas LP asciende a 700 mil toneladas mensuales en todo el país, de las cuales Petróleos Mexicanos produce el 35% (de donde los grupos criminales ’ordeñan’ los ductos), y el otro 65% se importa.
Del combustible importado, la iniciativa privada participa con casi la mitad de ese 65%. ’Hoy en día todo se importa de EU (Houston), donde se hacen grandes cantidades del producto que llegan a los muelles con enormes barcos de hasta 45 mil toneladas. Por eso es tan importante contar con la infraestructura marítima y terrestre para garantizar el abasto’, dijo el presidente ejecutivo Amexgas.
’Nosotros necesitamos tener un permiso de importación de la Secretaría de Energía, los cuales tienen una vigencia de uno a dos años, demostrando tener la infraestructura, todo justificado con documentos y cumplimiento de requisitos extremos’, afirmó en relación con la gran inversión que debe hacer el sector para poder operar, por lo que la afectación que producen los grupos delictivos es de gran impacto para las empresas del ramo y para el país.